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MÉRIDA.-- Durante la Sesión plenaria del H. Congreso del Estado, la diputada Lizbeth Medina rodríguez pidió el uso de la palabra en asuntos generales para expresar que a escasos días de terminar esta LIX Legislatura es de llamar la atención el poco o nulo interés que se ha tenido con los temas relacionados con la salvaguarda de los derechos de las mujeres, tales como las iniciativas para tipificar el feminicidio en el Código Penal, presentada el 8 de marzo del presente año en el marco del Día Internacional de la Mujer, así como la iniciativa para erradicar el Homicidio por razón de honor del mismo ordenamiento penal estatal, presentada el 22 de mayo del año en curso.
Agregó que La voluntad legislativa y el diálogo entre los integrantes de un Congreso como el actual, es vital para fortalecer la democracia con el único objetivo de legislar a favor de la sociedad yucateca que es a la que nos debemos.
La Diputada Lizbeth Medina, Espera que la LX (sexagésima) Legislatura exista la voluntad y se tome el trabajo de entrar al análisis y discusión de estas importantes reformas. Los derechos fundamentales de las personas deben ser prioridad para todos los Congresos de las Entidades Federativas.
No sólo basta llenarse de buenas intenciones, es necesario llevar a cabo esas acciones positivas en beneficio de los ciudadanos, y así lograr la protección a los Derechos Humanos que es para lo cual trabajamos.
El trabajo legislativo a favor de los Derechos Humanos, siempre debe tener un importante espacio en la agenda legislativa, no sólo por la relevancia que ha tenido en tiempos recientes en el ámbito Nacional e Internacional, sino porque es necesario contar con una legislación acorde a las necesidades de la ciudadanía, integral y con la armonización necesaria.
Cabe resaltar, que en materia de trata de personas y feminicidios, a nivel nacional el Presidente Felipe Calderón firmó el 13 de junio del presente año el decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos.
El mandatario también signó el decreto de reformas en materia de combate a delitos cometidos contra las mujeres y abusos en contra de menores.
Además, se reformaron diversas leyes para incorporar estos delitos en el catálogo de ilícitos susceptibles de cometerse por la delincuencia organizada y se incluyen dentro de los considerados como delitos graves.
En relación a las reformas de los delitos contra las mujeres, se incorpora el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, y se establece una pena de 40 a 60 años de prisión a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Según el Informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de Mujeres de México, en los últimos 25 años se han registrado en México 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Una media de 20 mujeres al día fueron asesinadas en México durante estos años. De entre ellas, casi 7.000 ocurrieron entre 2005 y 2009.
La reforma es solo a nivel federal, por lo que los estados que no han regulado el delito de feminicidio tendrán que avanzar e incorporarlo en el código penal. También se renueva la tipificación de delitos como el abuso sexual y el estupro.
En cuanto al Homicidio en razón de honor, la Legisladora afirma que es un total retroceso y nos remonta a una época que se equipara a la “ley del Talión”, es triste ver que Yucatán, donde la sanción por este delito va de los 2 a los 5 años, junto con Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Sinaloa y Zacatecas no ha derogado ese apartado de sus Códigos Penales Estatales, y de nada sirven todos los avances que hemos tenido armonizando nuestra legislación con las Reformas Penales a nivel Federal, si no erradicamos este mal que implica un atraso cultural, social y jurídico.
Las iniciativas en comento están esperando el trámite legislativo correspondiente para que sean turnadas a la Comisión Permanente que determine la Secretaría General junto con la Mesa Directiva y sean analizadas para su posible aprobación.
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